Jueves, 25 Mayo, 2017

El Estado no es confesional, pero los ciudadanos sí


Es un tema que asoma la cabeza de vez en cuando. Si vivimos en un estado aconfesional, ¿cómo es posible que los representantes de las instituciones civiles se coloquen a pie de procesión o los consitorios brinden honores a imágenes religiosas? Algunos dicen que actitudes así atentan contra el artículo 16 de la Constitución, donde se separa nítidamente la Iglesia y el Estado.

Belén2Situemos las cosas desde un arranque jurídico, la sentencia 101/2004 del Tribunal Constitucional:

“En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que se refiere el art. 16.3 CE: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas iglesias. En este sentido […] “el art. 16.3 de la Constitución […] considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva”.

Belén3La aconfesionalidad, según el Tribunal, implica una laicidad positiva. Es lo mismo que indica el texto constitucional cuando habla de las “relaciones de cooperación” entre Iglesia y Estado. Lo que un Estado aconfesional debe valorar no son los dogmas religiosos, sino la contribución de las iglesias al bien común, es decir, los frutos sociales que se derivan de las convicciones religiosas de la ciudadanía. Por eso, la presencia de los representantes institucionales en una procesión no es un ejercicio de fe, sino un reconocimiento de que el hecho religioso contribuye al bien común. Cuando un consistorio decide poner un belén en la plaza del pueblo, no está ejerciendo una profesión religiosa, sino el reconocimiento del hecho cultural-religioso como elemento positivo para la gran mayoría de los ciudadanos.

El Estado no es confesional, pero los ciudadanos sí. Esta actitud abierta se basa en un presupuesto anterior a la cuestión religiosa: la convicción de que el espacio público no es propiedad del Estado, ni de las diversas administraciones, ni de las organizaciones políticas, sino de los ciudadanos; convicción ésta que lamentablemente no es moneda común en una sociedad que con frecuencia asiste impasible a la ocupación del espacio que le pertenece, sea en materia religiosa o en otros ámbitos.

Javier Alonso Sandoica

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