Domingo, 23 Abril, 2017

Civismo, prohibiciones y multas


basurasLa última propuesta normativa del Gobierno en materia de seguridad ciudadana ha conseguido despertar, una vez más, a los manidos fantasmas del más rancio guerracivilismo, alimentados por la singular coincidencia en el tiempo del 20N, con su aún más rancia congregación de variopintos personajes, y con una extraordinariamente rancia escena de violencia protagonizada por un puñado de energúmenos, a la sazón radicales de izquierdas, contra un grupo de estudiantes en la Complutense.

Pero estas casualidades temporales no pueden llevar a la ridícula falacia de desacreditar la nueva legislación bajo el genérico grito de que supone el retorno a la represión del franquismo. Y si no puede ser así es porque los hechos que esta ley intenta evitar no son en ningún caso aceptables.

Como la escalada de críticas es imparable, ocurre que aquel que comienza quejándose porque se limite su libertad de expresión y no se le permita “escarchar” a un político en la puerta de su casa, acaba justificando que Greenpeace la líe sobre una central nuclear o que, para acobardar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les podamos espetar lindezas de estilo mafioso como “me quedo con tu cara, te tengo grabado y te pienso colgar de mi Instagram y tuitearte hasta hacerte viral”.

nuclearVamos a recuperar la cordura con un sencillo ejercicio retórico: la reducción al absurdo. Partamos, por un momento, de la presunción de que la ley persigue al ciudadano. En ese caso, debemos entender que el ciudadano tendría que ser libre de poder llevar a cabo los actos que la ley persigue. Bastarán unos ejemplos para mostrar a las claras qué están defendiendo los críticos con la ley: Se persigue y castiga el botellón. La opción contraria es permitir alegremente que nuestra despreocupada juventud deje las calles al borde de la nausea por una errónea interpretación del concepto de ocio. Greenpeace perderá ese modelo de publicidad gratuita con que se ha hecho tan famoso, que consiste en encaramarse a cualquier lugar elevado y desplegar una pancarta para ser portada de periódicos y apertura de telediarios. Estaría bueno que hubiese una ley que regulase el derecho a encaramarse en cualquier edificio a desplegar nuestra mejor retórica mientras se ven conculcados otros importantes derechos que van, desde la seguridad vial, a la protección de la propiedad privada.

Los críticos con la ley deberían plantearse si lo que desean es legalizar aquellos comportamientos incívicos que la ley intenta evitar. Esta norma, como otras muchas, prohibe. Prohibe hechos que tienen que ser prohibidos. Quizá no prohibe suficiente. O quizá tiene peculiar atención en la defensa de políticos y policías, pero eso no invalida su espíritu ni legaliza las acciones contra estos grupos.

Lo que de verdad ha molestado, pero por algún motivo nadie ha dicho a las claras, es que la norma prevea significativas multas. Cuando Greenpeace transgrede la ley y se cuelga en un edificio, transgrede la ley porque es precisamente esa violación la que convierte su acto en noticiable. Les pasa lo mismo a las Femen, que muestran su torso desnudo en el Congreso con gran éxito de crítica y público porque si lo hiciesen una playa nudista -incluso en cualquier playa- no tendrían el más mínimo impacto mediático. Así que no quieren legalizar estos hechos. Lo que no quieren es que los multen. Es decir, solicitan ilegalidad impune.

El problema es que esta norma castiga al bolsillo. Y lo castiga con cuantías nada desdeñables. Esas multas sí son discutidas y discutibles pero, por desgracia, parece que no hay muchas más formas de garantizar el civismo. La prohibición solo funciona cuando la amenaza de la sanción se cierne sobre el infractor.

María Solano Altaba
@msolanoaltaba

 

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