sábado, 16 diciembre, 2017

La manipulación de la eutanasia, una réplica al Dr. Montes


por María Alonso

por María Montes

El artículo publicado por el doctor Montes en Acta Sanitaria (24/5/2013) pone el acento en  el derecho a la autonomía hasta el punto de considerar que si un paciente indica que su vida no merece ser vivida, por el respeto a esa persona los médicos deben ayudarle a morir como parte de sus funciones asistenciales. Sin embargo, este tipo de “actividades”  no constituyen actos propiamente médicos y son contrarios a la deontología profesional al atentar directamente contra la vida de las personas.

Es una manipulación indicar que la Ley de Autonomía del Paciente  refleja  la posición que se sostiene en dicho artículo. Esta Ley considera que la atención al final de la vida debe ser similar a lo que se hace ante pacientes que solicitan cuestiones inadecuadas o contraindicadas en la práctica clínica, y por la especial sensibilidad de esta etapa, lo delimita indicando que no todas las instrucciones previas de los pacientes pueden ser aceptadas, estableciendo con claridad límites a las mismas (art. 11.3 : “no se atenderán instrucciones previas que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis”). Por cierto, el anteproyecto de ley nacional que afortunadamente fue paralizado en 2011 por su claro tinte eutanásico, preveía derogar este trascendental artículo de la ley de autonomía del paciente que vela por la buena práctica clínica y la deontología profesional.

Doctor Luis Montes

Doctor Luis Montes

También la mención de Montes a las leyes autonómicas de “muerte digna” carece de rigor y es manipuladora porque textualmente, sobre el derecho a renunciar a un tratamiento, la ley dice “aunque ello pueda poner en peligro su vida”, que es muy distinto de lo que ha escrito “aunque ello conduzca a la muerte”.

Porque una cosa es que al renunciar a  un tratamiento se pueda acortar la vida indirectamente (como en el caso de la negativa a una quimioterapia, falleciendo el paciente de muerte natural asistido con los cuidados básicos) y otra muy distinta es lo que Montes interpreta como renuncia a un tratamiento aunque conduzca directamente a la muerte, según indica, para aquellos pacientes que estiman que su vida no tiene sentido, justificando la retirada de la alimentación e hidratación necesarias para vivir.

1eutanasiaPrecisamente sobre  las leyes autonómicas de “muerte digna” se ha afirmado que dan cabida a actuaciones de eutanasia encubierta, a través de esta interpretación y al otorgar un ilimitado derecho de autonomía. Merece ser recordado el primer  caso de eutanasia encubierta amparado en la Ley de “muerte digna” de Andalucía, en el que se retiró a una paciente la alimentación a petición de su hijo en contra del criterio de los médicos que la atendían, por orden de la Junta de Andalucía, (caso Ramona Estévez, 2011). Este hecho ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y revertir esta ley autonómica.

Por otra parte, las opiniones de Montes contradicen la Resolución 1859(2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su art. 7.4. que también establece el rechazo a instrucciones previas contrarias a las buena praxis médica. En ningún caso puede hablarse de establecer un “derecho a morir”.

Sobre los datos del CIS 2002 en los que el 59,9 % de los médicos están a favor de la eutanasia, lo que se muestra es que se está priorizando la libertad de decisión individual, propio de nuestra cultura. Sin embargo, es rechazable que estos datos sean utilizados por una asociación que entre sus fines está la promoción activa de la eutanasia y se presenten para promover un cambio de pensamiento. Lo razonable es que estas cifras motiven al análisis exhaustivo de lo que conlleva socialmente la eutanasia y el suicidio asistido. Los datos oficiales y los análisis que ofrecen las propias Comisiones de los países que la tienen legalizada son hoy una herramienta de reflexión al alcance de todos. En  2002 en España estábamos lejos de analizar esos datos, actualmente con más información, las opiniones pueden haber cambiado al ampliarse los elementos de juicio.

eutanasia2Uno de los argumentos más importantes que se utilizan en contra de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido es el de la progresiva ampliación de supuestos: se inicia para casos excepcionales, basándose en la defensa de la libertad individual y en escaso tiempo se extiende a supuestos mucho más amplios. Montes resume esto como “argumentos del miedo”, trivializando ese proceso.

Pero son precisamente los “hechos”, que Montes pretende genéricamente usar a su favor, pero sin concretar nada, los datos objetivos oficiales que tanto están alarmando por su efecto expansivo y que suponen uno de los mejores modos de analizar lo que está suponiendo para esas sociedades la legalización de la eutanasia.

También es una realidad la emigración de ancianos de esos países por temor a los ingresos hospitalarios, los traslados de vivienda habitual a países cercanos que no tienen esa legislación así como la existencia de Asociaciones de Pacientes Holandeses y la Fundación Santuario, que distribuyen “pasaportes para la vida”, que los pacientes llevan consigo pidiendo que en caso de urgencia médica no se ponga fin a sus vidas, por la desconfianza y el peligro real generados. Estos datos hablan, por sí solos, de que estas leyes nos afectan a todos, no quedan contenidas en un contexto privado.

 Y por eso, este mismo año, Irlanda acaba de  ratificar el veto al suicidio asistido como: “protección a los más vulnerables de la sociedad, que podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familiares o la sociedad”. No es una cuestión de libertad individual: la ley es coaccionadora para los demás, afecta a todos.

eutanasia3Con sarcasmo, se indica también en el artículo comentado que los “argumentos del miedo” llegan a hablar de que se generará desconfianza hacia los médicos. ¿No parece probable?: el fallido anteproyecto nacional de ley de “muerte digna” 2011, proeutanásico, contemplaba que el personal sanitario pudiera  tener el poder último de decidir cómo y cuándo indicar sedaciones o retiradas de soportes vitales que conduzcan al proceso de morir (al poder incapacitar de hecho a un paciente si tuviera “dificultades para comprender la información que se le suministra”, lo cual es bastante común tratándose de un enfermo terminal).

La experiencia de los países con aprobación del suicidio asistido y eutanasia lo confirman, pues al otorgar al médico el poder de acabar con la vida del paciente, éste ya no puede estar seguro de qué papel juega el médico. En este sentido, la propia Comisión de Control de Bélgica (2012) reconoció la incapacidad de conocer el número real de eutanasias y la impunidad de los médicos de este modo:

“Legalizado inicialmente bajo estrictas condiciones se ha convertido en  un acto normal e incluso ordinario …/…El silencio por parte del establishment político ha dado lugar a una sensación de impunidad por parte de los médicos implicados y una sensación de impotencia por parte de aquellos preocupados por cómo están evolucionando las cosas”.

eutanasia4La sobrevaloración de la autonomía como bien supremo hace flaco favor a las propias personas y supone una fuente de conflictos morales y éticos: la autonomía ilimitada, quedaría por encima de toda ética, obligación y deber. Finalmente, sobre la argumentación de la sacralidad de la vida,  que el artículo comentado considera obsoleta e irrisoria para la modernidad, merece comentarse que las sociedades se hicieron más humanas, más civilizadas, cuando tomaron conciencia del valor supremo de la vida.

Por ese motivo prohibieron la pena de muerte, dejaron nacer a los niños con problemas, se preocuparon por sus ancianos, se defendieron  unos a otros y crearon leyes de protección social. Todo ello contribuyó a reforzar el sentido de la dignidad de cada persona humana desarrollando iniciativas para el cuidado de los más vulnerables.

Lo contrario, desestimar el carácter sagrado de cada vida humana, conlleva el gérmen de la deshumanización y la violencia junto con la indiferencia ante el sufrimiento de  los más débiles.

Ésta es nuestra deontología profesional, que conlleva la responsabilidad de desarrollar las mejores respuestas efectivas, eficaces  y verdaderamente humanizadoras ante aquellos pacientes que lo que no desean es seguir viviendo en las situaciones provocadas por su enfermedad.

María Alonso

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